LEGISLACIÓN APLICABLE AL DERECHO DE FAMILIA.

La nueva Ley de Matrimonio Civil, que por primera vez en la historia de Chile permitió el divorcio, tuvo una complicada gestación en el Congreso Nacional. Se argumentó la necesidad de regularizar la situación que se estaba dando de hecho hace décadas, dar una posibilidad de rehacer sus vidas a quienes hayan sufrido un fracaso matrimonial, eliminando el mal uso del recurso de solicitud de nulidad del matrimonio (resquicio muy usado ante la inexistencia legal del divorcio) y dejar establecido que se obraba en forma prioritaria en defensa de la familia lo que respecta a la mantención y tuición de los hijos. Aquellos que se negaban a su tramitación aducían que la existencia del divorcio podía mermar la estabilidad de la institución del matrimonio, que podía prestarse para abusos al perder la unión su significado de ser para toda la vida y que podía causar inestabilidad en la familia con un consiguiente daño emocional. Iniciada la discusión del proyecto en el Congreso, Chile era el único país del mundo sin una ley que normara el divorcio. Una razón que explica lo largo de la etapa de debate parlamentario fue que varios sectores de la sociedad, entre los que destaca la Iglesia Católica, se oponían férreamente a la idea de imponer en la legislación chilena la idea del divorcio vincular, y expresaban esa opinión a través de los parlamentarios que también estaban en contra del proyecto. Incluso, durante los debates se planteó la idea de que existieran dos tipos de matrimonio entre los que los novios pudieran escoger en el momento de la ceremonia: uno que permitiera la posibilidad del divorcio en el futuro y otro que fuera absolutamente indisoluble.

La tramitación de la llamada "Ley de Divorcio" comenzó el 28 de noviembre de 1995, cuando a la Cámara de Diputados ingresó una moción de varios Diputados quienes planteaban en sus objetivos al proponer una nueva ley de matrimonio están "reconocer sus nuevas características, en especial el carácter plenamente libre y maduro del consentimiento de los contrayentes; se aumenta la edad en que las personas adquieren capacidad de dar origen al matrimonio y se regulan las diferentes situaciones de crisis conyugal velando por la permanencia de las relaciones familiares y el interés de los hijos".

Luego de varios intentos legislativos por abordar esta Ley, la tramitación se reanudó el 6 de enero de 2004 y finalizó el 11 de marzo cuando la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, aprobó las modificaciones que el Senado había hecho durante los ocho años que lo tuvo en consideración. Finalmente la Ley 19.947 sobre matrimonio civil fue promulgada el 7 de mayo de 2004, publicada en el Diario Oficial diez días después, y entró en vigencia el 18 de noviembre de 2004. El mismo día se iniciaron los procedimientos de divorcio ante los Tribunales de Familia creados especialmente para conocer de estos juicios y de todo aquello que afecta a la familia como bien jurídico superior protegido por la Constitución y las leyes. Divorcio en Chile

Según la ley, el divorcio se define como un mecanismo de disolución del vínculo matrimonial por sentencia judicial y que extingue, en general, los derechos y deberes personales y patrimoniales, entre ellos. El divorcio rige para todas las uniones, incluso las celebradas con anterioridad a la fecha en que la ley entró en vigencia. El divorcio procede en los siguientes casos:

1) Violación grave de los deberes y obligaciones del matrimonio o para con los hijos, siempre que ello convierta en intolerable la vida en común. La ley detalla los casos que pueden ser estimados como violación grave, como atentados contra la vida o malos tratos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o alguno de los hijos; conducta homosexual; transgresión grave y reiterada de los deberes propios del matrimonio, como el abandono continuo o reiterado del hogar; condena ejecutoriada por la comisión de crimen o simple delito; alcoholismo; drogadicción, y tentativa de prostituir al cónyuge o a los hijos.

2) Cuando hay separación de los cónyuges y uno, o ambos de común acuerdo, demandan judicialmente solicitando el divorcio. En el caso que sea uno de los cónyuges quien demanda el divorcio, se requiere que éste pruebe que entre ellos ha existido una separación de, a lo menos, tres años, salvo que el demandante, durante este período de separación, no haya cumplido con la obligación de pagar alimentos al otro cónyuge o a los hijos comunes, en cuyo caso no podrá demandar.

Si ambos cónyuges se encuentran de acuerdo en el divorcio se deberá probar que han estado separados por un año.

Las demandas de divorcio deben hacerse ante los Tribunales de Familia. En todos los casos, el juez deberá llamar a una audiencia de conciliación (una reunión obligatoria en la que el juez debe citar a las partes para ver si existen condiciones que puedan contribuir a superar el conflicto entre los cónyuges, manteniendo el matrimonio) o, si los cónyuges lo solicitan, entrar a un proceso de mediación. Este último es un proceso más complejo que la conciliación, dirigido por un mediador que trata de resolver los conflictos que motivan el divorcio, o al menos acordar temas como pensión alimenticia y cuidado de los hijos.

Los cónyuges se encontrarán divorciados sólo cuando se dicte la sentencia en el juicio y que esta sentencia sea aprobada por la I. Corte de Apelaciones correspondiente al Juzgado que la dictó, dejándose constancia de ello en el Registro Civil, mediante la inscripción al margen de la partida del matrimonio respectivo, de manera que de ahí en adelante cada vez que se requiera un certificado de matrimonio en cualquier oficina del Registro Civil éste vendrá con una leyenda en su anverso que deja constancia que dicho matrimonio se encuentra disuelto.

Efectos del divorcio: El principal efecto es el fin de las obligaciones y derechos de carácter patrimonial que existen entre los cónyuges, como son los derechos sucesorios y los derechos de alimentos. El término de estas obligaciones entre los cónyuges no afecta en modo alguno la relación con los hijos y los derechos y obligaciones para con ellos.

OTRAS MATERIAS: Régimen Comunicacional con el menor. Esto corresponde al antiguo régimen de visitas contemplado en la Ley de menores y que hoy en día se denomina por nuestro Legislador como relación directa y regular del menor con el padre o madre que no detenta su custodia. La nueva Legislación se ha inspirado en el principio del interés superior del niño consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, entre los cuales se encuentra el de relacionarse en forma regular con el progenitor que no detenta su cuidado personal o custodia, resguardando los derechos del menor, como asimismo del padre o madre que no vive con éste.

Cuidado personal del niño o custodia del menor, corresponde a la antigua tuición del menor.
El cuidado personal del menor le es conferido de pleno derecho por nuestro Legislador a la madre de éste al momento de la separación sin necesidad que medie una resolución judicial o pronunciamiento alguno al respecto. Para alterar esta situación es necesario la intervención de un Tribunal que así lo declare o el acuerdo de las partes mediante una escritura pública debidamente inscrita en el registro Civil.

Patria Potestad, que corresponde a la facultad de representar al menor en todos los actos o contratos de nuestra vida civil.

La Patria Potestad es conferida por nuestro Legislador, de pleno derecho y como añadidura al cónyuge que detenta el cuidado personal del menor, y al igual que esta no requiere de pronunciamiento judicial alguno.

Derecho de alimentos o pensión alimenticia, es el derecho que le confiere el legislador a quienes enumera detalladamente como alimentarios, entre los cuales se encuentran fundamentalmente los hijos y el cónyuge.
El derecho de alimentos se refiere al otorgamiento de una ayuda económica proporcional a la capacidad económica del cónyuge obligado a otorgarla o alimentante, y a las necesidades del beneficiario de este derecho o alimentario.
Los alimentos pueden consistir en dinero, en pago directo de prestaciones beneficiando al menor o en una combinación de ambas cosas. Normalmente si no es de mutuo acuerdo el Tribunal tiende a regular una suma de dinero debidamente reajustada o un porcentaje del sueldo de quien otorga la pensión.

Autorización de salida al extranjero para menores: Nuestro Legislador como una manera de resguardar los intereses del menor como de sus padres hoy en día requiere que ambos autoricen su salida fuera del país cuando sea necesario.

Negativa a autorizar salida del país al menor, ante ello se podrá solicitar al Tribunal de familia que previo a justificar la petición de la autorización necesaria y supletoria del padre que no la otorgó.

Compensación económica: es el derecho que el Legislador le otorga al cónyuge considerado más débil tras la ruptura matrimonial entendiendo como tal a quien se privó en todo o parte de desarrollarse laboralmente por haberse dedicado al cuidado de la familia y que al momento de disolver el matrimonio ha quedado fuera del mercado laboral. Este derecho es renunciable por las partes.

Bien familiar declaración de: Es un derecho que la Ley le confiere al cónyuge que junto a sus hijos a continuado viviendo en la que fuera el inmueble que compartieron durante la vigencia del matrimonio independiente del régimen patrimonial bajo el cual se encuentren casados, de manera que mediante esta declaración se impida cualquier acto o contrato sobre este bien raíz que altere esta situación de hecho existente.